Penitenciaria narco
Condenaron a integrantes de la red narcocriminal de la Unidad Carcelaria 1
El Tribunal de Impugnación ratificó los fallos por asociación ilícita y comercialización de estupefacientes, adecuando parcialmente algunas penas tras los recursos de las defensas.
La Sala II del Tribunal de Impugnación emitió su resolución sobre los recursos presentados contra las sentencias dictadas en el marco de la causa que investigó a la red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1 de Salta.
El tribunal de alzada ratificó las condenas principales por los delitos de comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, haciendo lugar parcialmente a los planteos defensivos en relación con hechos específicos de exacciones ilegales y concusión, lo que derivó en una adecuación de las penas para un grupo reducido de imputados.
La investigación fue llevada adelante por una Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
La causa destapó un esquema de corrupción institucional en el que funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de la libertad operaban de manera coordinada con internos y familiares para lucrar mediante la venta de drogas y prácticas extorsivas.
Cabe recordar que el debate oral y público comenzó el 4 de agosto de 2025 y se extendió a lo largo de diez semanas, concluyendo el 15 de octubre de 2025. En dicha instancia, la Sala 7 del Tribunal de Juicio condenó a los 17 imputados a penas que oscilaron entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. Entre los sentenciados figuraron ocho funcionarios del Servicio Penitenciario provincial, además de internos y familiares de alojados en el penal.
Durante los alegatos, el procurador García Castiella remarcó la gravedad institucional del caso, al señalar que el accionar de los penitenciarios implicó un apartamiento deliberado de sus obligaciones de custodia, vulnerando los derechos humanos de los internos y desnaturalizando la función estatal de ejecución de las penas a través de un sistema basado en privilegios, abusos y el negocio de la droga.
Resolución de la instancia de Impugnación
Ante los recursos interpuestos por las defensas técnicas, la fiscal de Impugnación 2, Mónica Poma, sostuvo la acusación del Ministerio Público Fiscal en la etapa de revisión.
La Sala II del Tribunal de Impugnación resolvió rechazar los recursos y confirmar en su totalidad las condenas respecto a:
José Luis Alarcón (8 años de prisión efectiva).
Luis Roberto Castaño (6 años y 6 meses de prisión efectiva), Marcelo Olguín Magno y Baldomero Darío Córdoba.
Manuel Méndez (9 años y 6 meses, unificada en 19 años y 6 meses por condena anterior, declarado reincidente).
María Inés Méndez (9 años de prisión efectiva).
Héctor Gustavo Banega (8 años de prisión efectiva).
Ivana Marcela Gutiérrez y María Cristina Galindo (6 años de prisión efectiva). Nicole Judith Ana Luna (6 años de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria).
Patricia Daiana del Rosario Flores (4 años de prisión efectiva).
Andrea Abigail Alba (1 año condicional, unificada en 8 años y 2 meses).
Asimismo, el tribunal hizo lugar parcialmente a los planteos de las defensas en cinco casos específicos respecto a determinados hechos de exacciones ilegales y concusión, manteniendo las condenas estructurales por narcotráfico agravado y asociación ilícita.
Tras la realización de la audiencia de visu, las penas quedaron fijadas, para Sergio Faustino Moya condenado a 9 años y 6 meses de prisión efectiva.
En cuanto a Francisco Arturo Bisceglia la condena es de 10 años y 2 meses de prisión efectiva.
Además a Raúl Antonio Arjona lo condenaron a 6 años y 8 meses de prisión efectiva. Marcos Matías Bucotich García a 5 años y 8 meses de prisión efectiva.
Y por último a Rubén Antonio Guaymás lo condenaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita a 4 años y 8 meses de prisión efectiva.
La resolución consolida el criterio sobre la responsabilidad penal de los integrantes de la estructura carcelaria y ratifica la vigencia de los controles jurisdiccionales sobre los delitos cometidos en contextos de encierro.