Ex Andis
Detectan sobreprecios de hasta el 1.972% en compras de insumos médicos
Una investigación judicial y técnica basada en informes presentados por la intervención del organismo destapó un esquema de sobrecostos millonarios, duplicación de facturas y entregas fantasma en contratos médicos durante 2025.
La causa que investiga las presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevas y escandalosas pruebas que comprometen severamente a exfuncionarios y proveedores del Estado.
A través de un informe, firmado por el interventor del organismo, Alejandro Vilches, y elevado a las oficinas del fiscal federal Franco Picardi, se sacó a la luz una red de desvíos financieros calificados como “técnicamente indefendibles”, con sobreprecios que en algunos casos treparon hasta el 1.972% en comparación con los valores abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI.
Además, los expedientes auditados, correspondientes a contrataciones efectuadas durante el año 2025, exponen desde la duplicación sistemática de pagos en comprobantes hasta graves inconsistencias operativas, como la falsificación de remitos de entrega de prótesis a pacientes vulnerables.
Contrataciones millonarias
Entre los casos más alarmantes se destacan adquisiciones realizadas con firmas proveedoras seleccionadas sin las compulsas de precios recomendadas por la normativa vigente.
También, uno de los ejemplos más evidentes involucra a la firma Farma Salud, donde se constató el pago de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicavales transcatéter, un insumo que el PAMI había adquirido pocos meses antes por apenas 124 millones de pesos.
El patrón irregular se repitió en el rubro de implantes cocleares provistos por la Droguería Floresta, alcanzando un valor promedio por unidad de 62.613 dólares, lo que representa un 269% por encima del precio de referencia de mercado, estimado en 16.975 dólares.
Asimismo, las auditorías detectaron brechas del 219% en la compra de neuroestimuladores y casos insólitos como el de la proveedora Indecomm, que cobró un comprobante por 28,7 millones de pesos liquidado en dos oportunidades distintas.
Por otro lado, el segundo relevamiento técnico elevado en el mes de abril profundizó sobre las maniobras internas al exponer compras masivas de equipamiento médico importado sin sustento clínico ni financiero.
En este sentido los auditores comprobaron que se facturaron sillas de ruedas bajo códigos de alta complejidad con costos de hasta 14,9 millones de pesos, cuando las patologías reales de los beneficiarios requerían módulos de menor costo, tasados en el mercado entre 1,3 y 2,3 millones de pesos.
Además, el informe cuestionó la preferencia sistemática por productos extranjeros que exhibieron sobrecostos de entre el 300% y el 1.000% frente a alternativas de fabricación nacional, las cuales no solo implicaban un ahorro presupuestario drástico, sino que ofrecían mayor durabilidad y adaptabilidad anatómica para los pacientes.
Estafas a beneficiarios y avance judicial
A las anomalías financieras se sumaron maniobras operativas de extrema gravedad. En la provincia de Río Negro, la auditoría detectó el caso de una persona amputada que figuraba en los registros como receptora de una prótesis que jamás recibió.
Sin embargor, tras la verificación directa con la familia, se constató que la firma de la madre del paciente había sido obtenida mediante engaños durante la toma de medidas inicial.
Estas revelaciones se acoplan a los dictámenes previos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se suman a causas conexas, como la confirmación por parte de la Cámara Federal del procesamiento de Spagnuolo y otros 18 acusados.
Mientras la justicia federal profundiza sobre las responsabilidades de los proveedores, cuyos representantes intentaron deslindar culpas en terceros accionistas, la causa consolida la hipótesis de un mecanismo sistémico diseñado para desviar millonarios recursos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.