Narcotráfico en el norte
Imputaron al abogado que trasnportaba más de 32 kilos de cocaína en Orán
El letrado de 56 años posee una condena previa por tráfico de estupefacientes en Neuquén y quedó detenido tras un operativo en el río Bermejo.
La jueza federal de Garantías de Tartagal,** Ivana Hernández**, hizo lugar al pedido formulado por la Sede Fiscal Descentralizada Orán, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, e imputó formalmente al abogado Darío Gabriel Graff,, de 56 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Haedo, por el delito de transporte de estupefacientes.
Durante la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada dispuso la prisión preventiva del letrado por el término de un mes, teniendo en cuenta la gravedad del caso, sus antecedentes penales, que incluyen una condena previa de 4 años y 6 meses de prisión por narcotráfico en Neuqué y los riesgos procesales existentes.
Las actuaciones judiciales se iniciaron luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 efectuado por una trabajadora de la vía pública alertara sobre una agresión con armas de fuego en la intersección de las calles Alvear y Alberdi, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Según la denuncia inicial y el seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad del Centro de Video Vigilancia, varios sujetos armados interceptaron al abogado, lo subieron por la fuerza a un vehículo y se desplazaron por la ruta nacional 50 en dos camionetas de alta gama: una Volkswagen Amarok y una Toyota Prado.
A partir del despliegue policial hacia la ruta provincial 18, en dirección a Isla de Cañas, los efectivos ingresaron por un camino alternativo que conduce a las márgenes de un río de la zona.
Además, en el lugar hallaron la camioneta del abogado abandonada con el motor en marcha y sus puertas abiertas. En el asiento trasero del vehículo se detectaron dos bultos que contenían bloques de cocaína con un peso total superior a los 32 kilogramos, acondicionados en paquetes con un formato más angosto que el habitual, cortados por la mitad.
Sin embargo, durante la audiencia, el imputado prestó declaración y rechazó las acusaciones. En su descargo, sostuvo que viajaba periódicamente a las localidades de Orán y Aguas Blancas para cruzar a Bolivia a comprar teléfonos celulares para revender, y justificó su presencia en la provincia indicando que tenía previsto entrevistarse con un cliente alojado en el Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes.
Asimismo, atribuyó el episodio a un ajuste de cuentas derivado de una transacción inmobiliaria frustrada por 70.000 dólares relacionada con una vivienda en el barrio porteño de Liniers, asegurando haber sido víctima de un secuestro por parte de cinco personas encapuchadas y armadas que lo golpearon y amenazaron antes de cruzar el río a pie.
La fiscalía desestimó su versión al constatar inconsistencias en el relato del recorrido y solicitó la privación de la libertad que fue convalidada por el juzgado.