Imputaron al "Conejo" Martínez por usar al municipio para lavado de dinero narco

Carlos "Conejo" Martínez, exintendente de Aguas Blancas quedó formalmente imputado junto a otras diez personas en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.

Cabe aclarar que se entregó a la Justicia Federal después de permanecer prófugo desde el sábado, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El exfuncionario se presentó el miércoles por la tarde en una dependencia policial de Orán, en Salta, y quedó detenido.

La audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, estaba prevista para el jueves donde definieron la imputación.

Durante la audiencia, los fiscales federales expusieron ante el juez Gustavo Montoya que el municipio habría sido utilizado sistemáticamente para disimular el ingreso y egreso de fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.

En este sentido el fiscal general Eduardo Villalba sostuvo que el caso tiene una gran importancia para todo el país y atribuyó a Martínez haber destinado dinero en dólares a la compra de votos para acceder a la intendencia en 2023, utilizando posteriormente el cargo para ampliar la supuesta estructura criminal, cuyas actividades continuaron incluso tras su salida del ejecutivo municipal en septiembre de 2024.

Por su parte, el auxiliar fiscal Alberto Barbuto detalló el funcionamiento del circuito financiero, indicando que la organización recurrió a un entramado societario y a contrataciones municipales que funcionaban como pantallas.

Además, el esquema delictivo constaba de tres etapas. La primera con la colocación de fondos ilícitos, su diversificación a través de cuentas y empresas, y el posterior retorno al patrimonio de los acusados con apariencia de legalidad mediante la adquisición de bienes y servicios.

Asimismo, la investigación señaló que el grupo habría contado con la protección de funcionarios de distintas fuerzas de seguridad y con resoluciones favorables del entonces juez de Orán Claudio Parisi, destituido y con juicio pendiente.

Allanamientos y medidas cautelares

Por otro lado, el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier especificó los roles de cada uno de los implicados y su vínculo con otros actores del delito en la región, entre ellos Cristian Palavecino, quien fue condenado en julio de 2025 a 28 años de prisión.

Junto a familiares de Martínez, fueron formalmente imputados Orlando Oris Lovera, Julián Manuel Barreiro, Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.

A su vez, la causa se desprendió tras 32 allanamientos realizados en Orán, Aguas Blancas y la ciudad de Salta, operativos en los que se secuestraron 35 teléfonos celulares, dispositivos informáticos y documentación contable.

Por su parte, la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi solicitó peritajes sobre estos elementos y requirió prisión preventiva para siete de los acusados, fundamentando el pedido en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, la gravedad de los hechos, la capacidad económica de los imputados y la facilidad para cruzar la frontera, evidenciada en numerosos movimientos migratorios con inconsistencias.

A pesar de la oposición de las defensas, el juez Gustavo Montoya hizo lugar al pedido fiscal y dictó la prisión preventiva para siete imputados, mientras que los cuatro restantes recuperaron la libertad sujetos a estrictas restricciones, tales como la prohibición de salir del país y la obligación de someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. El magistrado fijó un plazo de seis meses para la investigación bajo el trámite ordinario.