Nación apelará el fallo que ordenó cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional confirmó que apelará en los próximos días el fallo judicial adverso que le ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras en la Casa Rosada se trabaja en la estrategia legal, en paralelo se analizan otros mecanismos jurídicos para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma. La postura oficial apuesta a una apelación sistemática de las determinaciones de la Justicia.

Cabe aclarar que la resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, sumada a otra demanda acumulada impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El magistrado declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, instrumento con el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionando su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Asimismo, Cormick cuestionó la inclusión en el decreto de la frase que establecía que la promulgación se realizaba "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629".

Además, para el juez, dicha condición funcionó como un mecanismo extraconstitucional para frenar una ley que el Congreso había ratificado con una mayoría de dos tercios tras haber sido vetada previamente. El fallo ordenó al Poder Ejecutivo el "cumplimiento inmediato" de la ley mediante las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias, señalando que el decreto gubernamental "no supera un test mínimo de razonabilidad".

Impacto fiscal

Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno sostiene que no existen recursos disponibles para afrontar una norma que afectaría el objetivo del superávit fiscal. En contraste, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el texto sancionado representa un impacto equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

Por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, mantiene una posición de defensa estricta del déficit cero y prefiere esperar el desarrollo de la disputa judicial antes de avanzar con la asignación de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los salarios de docentes y no docentes y el funcionamiento de las instituciones.

Sin embargo, las organizaciones sindicales del ámbito universitario celebraron la resolución y ratificaron la continuidad de sus medidas de fuerza y movilización.

Además, Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba), calificó el fallo como una victoria histórica y sostuvo que el Ejecutivo vulneró la Constitución al pretender aplicar un veto encubierto.

En la misma línea, Federico Montero, dirigente nacional de Conadu, remarcó que la solución definitiva es política y convocó a masificar la participación en la Marcha Federal por la Educación, la Soberanía y la Democracia programada para el próximo 15 de octubre, reafirmando el reclamo por el presupuesto universitario.