Procesaron a dos exfuncionarias de la ANMAT como partícipe de las 90 muertes del caso fentanilo contaminado
Imputaron a las ex titulares de la ANMAT y del INAME por su presunta responsabilidad en la causa del fentanilo contaminado, un expediente que ya investiga 90 muertes. Además se les ordenó trabar embargos por $500.000 millones a cada una tras detectar demoras y omisiones en los controles.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME. Se las suman al caso por su presunta responsabilidad en la causa sobre el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un expediente que hasta el momento contabiliza 90 muertes.
Además, el magistrado las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura asociada además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en un paciente.
Al mismo tiempo ordenó un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes para cada una. Ambas continuarán en libertad bajo medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, presentación mensual ante la Policía Federal, entrega de documentos de viaje y prohibición de contacto con personal de la ANMAT y el INAME.
Por otro lado, la resolución judicial desplaza el foco hacia la actuación de las máximas autoridades estatales encargadas de fiscalizar los laboratorios. Según el fallo, las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de control y existían herramientas administrativas para impedir que operaran en esas condiciones.
El juez fue especialmente crítico con Mantecón Fumadó, a quien acusó de tener pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios y de apartarse de los plazos reglamentarios. Además, de acuerdo con el expediente, la exdirectora del INAME mantuvo reuniones informales con representantes de las empresas y "cajoneó" durante más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia contra HLB Pharma, la cual incluía de manera expresa la prohibición de comercialización y nunca llegó a firmarse. En contraste, la carta dirigida a Laboratorios Ramallo se emitió el 10 de febrero de 2025 para frenar su actividad productiva.
En cuanto a Bisio, el magistrado determinó que la entonces titular de la ANMAT no podía desentenderse de lo ocurrido en el INAME y mantuvo una actitud "pasiva y permisiva" que favoreció la continuidad operativa de los laboratorios.
Sin embargo la investigación remarcó que la Jefatura de la ANMAT funcionó como nexo con las decisiones del Ministerio de Salud, aunque Kreplak aclaró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal al ministro de la cartera sanitaria, cuyas directrices apuntaban formalmente a impedir que las firmas continuaran operando.
Cabe aclarar que en abril de 2025, el Hospital Italiano de La Plata (provincia de Buenos Aires) comenzó a registrar un brote de infecciones respiratorias graves (bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp) en pacientes internados en terapia intensiva. Al investigar este brote, hallaron restos de ambos patógenos en ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes.
El 7 de mayo, este centro de salud informó los casos y al día siguiente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta para que no se utilice en todo el territorio nacional el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma por “encontrarse en investigación por desvío de calidad”.
El 13 de mayo, la ANMAT dictó la Disposición 3156/25 que prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico. Además, le ordenó a la firma el recupero del mercado del producto. Semanas después, el organismo también ordenó a las jurisdicciones el recupero de todos los lotes de fentanilo.
El juez, además, dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de varios de los involucrados. Son 24 los imputados en la causa. En ese universo se incluyen profesionales, directivos y dueños de ambos laboratorios, según confirmaron a Chequeado desde el Juzgado federal.
Con esta resolución, el expediente suma 15 procesados. Los 13 restantes corresponden a directivos y responsables de los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, de los cuales tres permanecen detenidos. También tres se encuentran con prisión domiciliaria y el resto en libertad mientras avanza el proceso judicial vinculado a la mayor tragedia sanitaria del país.