Proyecto de ley
Proponen una pensión vitalicia para personas trans
La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense busca reparar a mayores de 40 años que hayan sufrido violencia institucional, e incluye cobertura médica obligatoria de IOMA y un beneficio extraordinario semestral.
Un proyecto de ley de alto impacto fiscal e institucional ingresó formalmente a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Romina Barreiro (del bloque Fuerza Patria), propone la creación de un régimen de reparación económica mensual y vitalicio destinado a personas travestis y trans mayores de 40 años que acrediten haber sido víctimas de violencia institucional, detenciones arbitrarias o sanciones ligadas a su identidad de género.
El texto de la propuesta establece un esquema prestacional de magnitud para las arcas públicas bonaerenses.
Asimismo, en el caso de llegar con la media sanción, los beneficiarios percibirán de forma mensual una bonificación extraordinaria semestral
Además incluirá un monto equivalente a cinco sueldos básicos y medio correspondiente al haber de un trabajador estatal ingresado bajo el régimen de 30 horas semanales (fijado por la Ley provincial 10.430).
También se detalla la inclusión obligatoria en la cobertura médica integral a través del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
La autora del proyecto argumentó que la norma busca saldar "una deuda histórica y moral" con el colectivo trans y travesti, fundamentando que la compensación económica reconoce la persecución sistemática sufrida durante décadas bajo los antiguos códigos de faltas y edictos contravencionales.
Sin embargo, el ingreso del proyecto desató un inmediato y caldeado debate político en la provincia de Buenos Aires. Sectores de la oposición cuestionaron con dureza el "pesadísimo costo fiscal" que demandaría la implementación de la medida en un contexto generalizado de ajuste presupuestario y restricción de recursos públicos.
El debate se da, además, en un marco nacional donde la asignación de beneficios estatales y pensiones no contributivas se encuentra bajo permanente escrutinio público, por lo que se prevé una compleja discusión durante su tratamiento en las comisiones legislativas.