Corrupción en la Justicia
Quedó firme la condena del exjuez Reynoso por favorecer al narco Delfín Castedo
El exmagistrado fue alojado en el Escuadrón N° 45 "Salta" en Chachapoyas a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Federal. La Fiscalía solicitó la unificación de sus dos condenas firmes en una pena de 18 años de prisión.
El exjuez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Juan Reynoso, quedó detenido y fue alojado de manera transitoria en la sede del Escuadrón N° 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, ubicado en la zona de Chachapoyas.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, con la firma del juez Jorge Gamal Chamia, a requerimiento del fiscal general Carlos Martín Amad. La ejecución de la sentencia se concretó de forma inmediata luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso de queja presentado por la defensa, dejando firme la pena de cinco años de prisión dictada contra el exmagistrado en la causa conocida como "Reynoso II".
El tribunal libró oficios a la Dirección Nacional del Régimen Correccional con el objetivo de gestionar una plaza en una unidad del Servicio Penitenciario Federal cercana al domicilio del condenado. Hasta tanto se confirme la disponibilidad de dicho cupo, Reynoso permanecerá bajo custodia de la fuerza de seguridad nacional en la capital salteña.
La intervención de la Corte Suprema
La resolución dictada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma, ratificando el fallo que la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado previamente en junio de 2025.
Además, al adquirir firmeza la sentencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención inmediata de Reynoso, quien había permanecido en libertad durante el trámite de las instancias de apelación.
Además, en el expediente "Reynoso II", la Justicia Federal dio por acreditado que el entonces juez recibió dádivas e incurrió en falsedad ideológica de documento público al falsificar un acta de indagatoria para simular la comparecencia en sede judicial del narcotraficante Delfín Castedo, otorgando apariencia de legalidad a un acto procesal no realizado.
Asimismo, por estos hechos, la condena impuesta fue de cinco años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena y una multa de 90.000 pesos por los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión.
El juicio también concluyó con sentencias condenatorias para el propio Castedo y para el abogado Luciano Ciscato. Asimismo, la causa probó que Reynoso exigió dinero al comerciante Pablo Elías Torres para autorizar el ingreso de mercaderías al país omitiendo controles aduaneros.
Pedido de unificación de penas a 18 años
A la par del pedido de detención, el fiscal general Carlos Martín Amad solicitó formalmente la unificación de las condenas de Reynoso mediante la suma aritmética de las penas.
Esta petición contempla la condena a cinco años de "Reynoso II" y la pena de 13 años de prisión por concusión y prevaricato impuesta en 2019 en el expediente "Reynoso I", la cual había quedado firme en marzo de 2024 tras otra resolución del máximo tribunal del país.
Sin embargo, de ser convalidado por la Justicia el criterio expuesto por la Fiscalía con base en la Ley N° 27.785 la pena única para el exmagistrado quedará fijada en 18 años de prisión. El TOF N° 2 derivó el trámite de unificación al Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta para su resolución.
En el marco del historial judicial del exfuncionario, se mantiene abierta una tercera causa penal denominada "Reynoso III", enfocado en presuntos sobornos vinculados a redes de narcotráfico en la frontera norte.
En ese expediente consta la declaración del financista Barakat Barakat, de origen sirio y radicado en Salvador Mazza, quien bajo la figura de imputado colaborador detalló el pago de un soborno de 150.000 dólares para beneficiar al imputado René Antonio Arancibia en la causa "Weber".
Según la versión de Barakat, el dinero se canalizó mediante el abogado Arsenio Eladio Gaona, asignando 130.000 dólares para Reynoso y 20.000 dólares para el fiscal Bruno con el fin de evitar la apelación de la resolución favorable.