Reclamo contra la Corte por el caso Parisi

La causa judicial del exjuez de Garantías de Orán, Claudio Alejandro Parisi sumó un nuevo capítulo procesal luego de que los fiscales penales Daniela Murúa y Daniel Espilocín decidieran acudir formalmente ante la Corte de Justicia de Salta.

A través de una presentación firmada al amparo del artículo 178 del Código Procesal Penal, los representantes del Ministerio Público interpusieron una queja por retardo de justicia, apuntando directamente contra la falta de definición en la conformación del tribunal que tendrá a su cargo el debate oral.

Además, el planteo dirigido a la presidenta del alto tribunal, Teresa Ovejero, pone de manifiesto que el expediente se encuentra virtualmente paralizado debido a las sucesivas inhibiciones, recusaciones y planteos de competencia cruzados entre distintos magistrados.

Según detallaron los fiscales, el núcleo del conflicto radica en la falta de resolución definitiva en torno al trámite de inhibición de la jueza Norma Palomo, situación indispensable para completar la integración del órgano juzgador que evaluará la responsabilidad penal de Parisi.

Cabe recordar que el historial de incidencias que frenó el avance de la causa incluye múltiples intervenciones de jueces de distintas circunscripciones. Tras el fallo abreviado dictado a finales de 2025 por la jueza Palomo respecto a otros implicados, la Unidad Fiscal recusó a la magistrada para garantizar un juzgamiento imparcial en el caso de Parisi.

A partir de allí se sucedieron convocatorias a diversos magistrados, como los jueces de Garantías de Tartagal, Alvarado y Mariscal Astigueta, además de el juez Soledad Rodríguez y Martocchia, quienes inicialmente rechazaron su competencia o debieron excusarse.

Asimismo, aunque la propia Corte de Justicia ya había advertido en agosto pasado que las cuestiones de competencia habían sido mal encauzadas y devolvió las actuaciones al tribunal de origen, la conformación definitiva sigue sin resolverse.

Ante este escenario, la Unidad Fiscal interpuso sendos pedidos de pronto despacho el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026, los cuales hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna por parte de los órganos encargados de destrabar el trámite.

Motivo de la causa

Cabe recordar que Parisi fue destituido de su cargo y se encuentra bajo prisión preventiva. El Ministerio Público Fiscal de Salta lo acusa de liderar un entramado de corrupción judicial que beneficiaba a miembros del crimen organizado y al narcotráfico a cambio de coimas.

Además, se lo involucra en el caso de "Oreja" Martínez; la acusación principal sostiene que Parisi recibió dinero para otorgarle de forma irregular el arresto domiciliario a César Daniel “Oreja” Martínez, un hombre imputado por tentativa de femicidio. Tiempo después, Martínez fue asesinado de 12 balazos frente a la casa donde cumplía esa medida.

También le brindaba favores al exintendente de Aguas Blancas, por estarazon lo omputaron junto al exintendente Carlos Alfredo Martínezpor violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Se le acusa de extraer copias de un legajo de investigación reservado de la Fiscalía y facilitárselas al abogado del funcionario. Esa filtración frustró allanamientos y entorpeció la causa que investigaba, precisamente, el homicidio de "Oreja" Martínez (hermano de dicho intendente).

Sin embargo se constató la adulteración de la cadena de custodia de un cuaderno que se encontraba secuestrado bajo la exclusiva responsabilidad del juzgado de Parisi. El exjuez habría permitido que personas ajenas a la causa tuvieran acceso al elemento de prueba tras un pedido telefónico.

Debido a la gravedad de los delitos, que incluyen cohecho pasivo agravado en dos hechos, incumplimiento de deberes y violación de secretos, el Jurado de Enjuiciamiento le quitó sus fueros en 2024 para que fuera detenido. Actualmente espera que la Corte de Justicia de Salta destrabe la conformación del tribunal para poder ser llevado a juicio oral y público.

Perjuicio institucional

En los fundamentos de la queja formal, Murúa y Espilocín advirtieron que esta morosidad procesal genera un serio perjuicio a la administración de justicia, revistiendo una gravedad institucional inusitada por tratarse de un proceso donde se juzgará la presunta conducta delictiva de una persona que ejercía una magistratura judicial.

Asimismo, los fiscales remarcaron que el atraso injustificado, que ya se extiende por nueve meses desde los primeros planteos, vulnera de manera directa pilares constitucionales fundamentales.

Por una parte se vulnera el derecho de acceso a la justicia de la sociedad y de las víctimas; por el otro, la garantía que le asiste al propio imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable, conforme a la jurisprudencia sentada por la propia Corte provincial.

Con esta presentación, el Ministerio Público busca que el máximo tribunal provincial ordene la urgente conformación del tribunal de juicio y remueva los obstáculos burocráticos que impiden la realización del debate oral y público contra el exmagistrado oranense.