Salarios de $1 millón en Salta: Comercios aceptan el piso, pero pymes y construcción alertan por la crisis

La discusión gira en torno a la propuesta del Gobierno nacional de fijar un piso salarial de convenio que se ubicaría en $1.070.000, una cifra que choca de frente con las realidades dispares de las firmas locales, en un contexto donde el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un 4,4% a nivel nacional entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, representando unos 280.000 puestos formales menos.

En este sentido**, Gustavo Acuñ**a, referente de la Cámara PyMEs de Salta, en diálogo con Muteado desestimó la viabilidad de un salario básico de un millón de pesos en el contexto actual y lo adjudicó a especulaciones o rumores.

"El salario mínimo vital y móvil lo tenemos que descartar de plano porque el Gobierno nacional fijó un aumento progresivo que llevará el haber de $375.000 a $435.000 pesos hacia abril de 2027.La idea original de un millón de pesos hoy no está ni siquiera en los planes, fue más un rumor", señaló Acuña.

Además explicó que mientras sectores pesados como la minería o la banca superan holgadamente las expectativas salariales con promedios de entre $700.000 y $1.500.000 pesos, los comercios minoristas, almacenes y kioscos subsisten al límite.

"En las PyMEs que vivimos del comercio interno no hay margen. Si aumentás el sueldo por decreto un 200%, las estructuras colapsan porque nadie compra y nadie vende. Las empresas no pueden trasladar esos costos a los precios finales porque el poder adquisitivo de la gente está pulverizado", resaltó.

El panorama se vuelve aún más crítico en el caso de kioscos y almacenes de barrio, cuyos sueldos se encuentran atados al salario mínimo vital y móvil, donde una imposición semejante conduciría inexorablemente al cierre inmediato y a la destrucción del empleo registrado.

Por lo tanto, el núcleo del conflicto no radica únicamente en la imposibilidad empresaria de pagar mayores sueldos por decreto, sino en el colapso del consumo interno, del cual dependen directamente el 90% de las PyMEs salteñas.

"La mayoría de la gente, al perder tanto poder adquisitivo por las medidas del gobierno nacional, ya no tiene margen. O paga la luz, el gas, el internet, el teléfono, la cuota del colegio, el seguro del auto, o comes. No hay plata", subrayó.

Acuña enumeró además el combo asfixiante que sufren los locales que alquilan galpones o locales comerciales en Salta: "Tenés que pagar el alquiler, los servicios carísimos, más los impuestos nacionales, provinciales y municipales, sumado a las cargas patronales. Todo ese proceso de costos es imposible volcarlo hoy al precio final del producto, porque la economía está tan deprimida que si subís los precios para mantener tu margen de ganancia, no te compra nadie".

Como si el ahogo interno fuera poco, el sector empresario apuntó contra la apertura comercial indiscriminada y la eliminación de restricciones a la importación. Según explicó el dirigente, los comerciantes salteños no compiten en igualdad de condiciones.

"Al levantar todas las restricciones a las importaciones, se nos llena el mercado de productos extranjeros que salen mucho más baratos por el solo hecho de no pagar el 40% de impuestos que nos imponen a nosotros acá. Hay una competencia desleal evidente y el consumidor, lógicamente buscan cuidar su bolsillo, termina comprando afuera, lo que profundiza la agonía del comercio local", detalló.

Asimismo, el secretario indicó que los servicios públicos pasaron de representar un 10% a absorber entre el 35% y 40% de los ingresos operativos de los locales comerciales. Además de alquileres elevados sumados a impuestos nacionales, provinciales y municipales que ahogan el rendimiento financiero.

Desde la Cámara advierten que, de persistir este escenario donde los incrementos de costos no encuentran contrapartida en el consumo, el riesgo latente es la profundización de una ola de quiebras, la pérdida masiva de empleo formal y una contracción aún mayor del motor económico de la provincia.

Sin embargo, el trasfondo técnico de la medida fue analizado por un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual advierte que un salario mínimo de convenio de $1.070.000 resulta inocuo para el universo formal, pero constituye una barrera imposible de afrontar para las unidades productivas más chicas.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo y el INDEC, el salario promedio de los trabajadores registrados en empresas privadas alcanza los $2.121.000, mientras que el promedio de los asalariados no registrados se desploma a $821.000. La brecha se agrava aún más en las firmas de hasta 10 trabajadores, donde se concentra el 78% de la informalidad asalariada, sector en el cual los empleados informales perciben en promedio $702.000.