"Topo" Ramos defendió el sorteo del IPV tras las críticas por la adjudicación

La controversia desatada tras el sorteo de 93 viviendas realizado el pasado 1 de octubre en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma derivó en un fuerte cruce político.

El foco de la polémica se encendió cuando, entre las personas preseleccionadas, apareció el nombre de Aurelia Córdoba, concejala y ex presidenta del Concejo Deliberante que integra el oficialismo local. La situación generó un profundo malestar ciudadano y motivó duras críticas por parte de sectores de la oposición, obligando al intendente Sergio "Topo" Ramos a salir al cruce con un extenso descargo público.

El procedimiento habitacional movilizó a una gran cantidad de familias inscriptas, de un total de postulantes, el IPV habilitó a 530 participantes que cumplieron con los requisitos (poseer la ficha social actualizada y acreditar ingresos de al menos tres salarios mínimos, vitales y móviles) para disputar las unidades disponibles. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, además de la certificación legal de la Escribanía de Gobierno.

Ante los cuestionamientos recibidos, el jefe comunal rechazó de plano cualquier responsabilidad institucional del municipio y apuntó directamente contra las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

"Recibí muchas críticas con respecto al sorteo del IPV en estos últimos días. Me acusan como el culpable de algo que el municipio no tuvo ni un gramo de participación. Absolutamente todo el proceso lo hizo el IPV y, como si fuera poco, el sorteo fue público y en la cara de todos los vecinos", sostuvo Ramos en sus redes sociales.

Además, el intendente reconoció la bronca social que genera que un político resulte beneficiado en este tipo de adjudicaciones, deslizando que la participación de funcionarios es una cuestión de peso ético individual.

"¿Es inmoral y antiético que un político participe? Eso pesa en la conciencia de cada uno de los que participan. Si un político está legalmente habilitado a participar de un sorteo y gana, es una decisión que ese político toma y debe hacerse cargo de las consecuencias mediáticas que tal hecho puede generar", afirmó, aclarando que las autoridades legales del IPV fueron quienes controlaron y validaron a todos los habilitados.

Asimismo, Ramos ironizó sobre las críticas selectivas y reveló que opositores a su gestión también resultaron beneficiados.

"¿Acaso no hay personas que me insultan diariamente, trabajan para mis opositores y aún así ganaron una casa el día del sorteo? Nadie habla de eso. Hubieron varios. Como por ejemplo el señor Rolando Aguirre. Incluso había un participante que fue candidato opositor a mi gestión de toda la vida que decía en pleno sorteo que las bolillas estaban truchadas y terminó ganando una casa", indicó.

A lo que agregó: "Aunque me considero una persona muy capaz, todavía no desarrollé el superpoder mágico y místico de hacer aparecer una bolilla en un sorteo público frente a 500 personas y totalmente televisado. La magia es una ciencia que todavía no domino".

Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo municipal surgió en paralelo a las duras críticas emitidas por la concejala opositora Camila Jorge, quien cuestionó públicamente el caso de su par oficialista.

Jorge exigió conocer con precisión qué requisitos acreditó Córdoba, bajo qué condiciones se la habilitó y qué grupo familiar declaró al momento de la inscripción, recordando además que la edil había respaldado previamente iniciativas de control sobre viviendas sociales.

Tras la culminación del sorteo, el IPV estableció un plazo legal de 10 días para que los interesados puedan presentar observaciones, impugnaciones debidamente fundamentadas o pedidos de revisión sobre las familias que integran la lista de preadjudicatarios antes de la entrega definitiva de las llaves.