Fondos públicos
Concejales de La Candelaria pidieron una auditoría por irregularidades en el municipio
La presentación se realizó ante la Auditoría General de la Provincia de Salta y apunta a la Cuenta General del Ejercicio 2025. Los ediles denunciaron la falta de entrega de balances presupuestarios e inventarios de bienes municipales.
Concejales de La Candelaria formalizaron una solicitud de verificación integral y control ante la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), denunciando presuntas irregularidades administrativas y la falta de rendición de información técnica por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, conducido por el intendente Ceferino Díaz.
La medida responde a la imposibilidad de evaluar el destino de los fondos públicos debido a las demoras e incumplimientos en la entrega de la documentación contable y patrimonial obligatoria que el Ejecutivo debe remitir al cuerpo legislativo local.
El planteo ingresado ante el organismo de control provincial se focaliza principalmente en el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2025 y en el seguimiento de la ejecución presupuestaria reciente.
Entre las inconsistencias enumeradas en la denuncia formulada por los concejales figuran la falta de informes de ejecución presupuestaria. En este sentido el ejecutivo municipal no habría presentado en tiempo y forma los informes trimestrales correspondientes a la totalidad del período 2025 y a los meses transcurridos de 2026, documentos que permiten fiscalizar el ingreso y la asignación efectiva de los recursos presupuestados.
También se advirtió la omisión sistemática en la remisión del registro patrimonial del municipio correspondiente a cuatro períodos consecutivos: 2023, 2024, 2025 y 2026, impidiendo verificar la nómina, el estado y la localización de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado municipal.
Además, en cuanto a los incumplimiento de plazos normativos, el municipio habría desatendido las exigencias y los plazos perentorios aprobados por el propio Concejo Deliberante a través de la Resolución N° 03/26, norma expedida para intimar la entrega de la información financiera adeudada.
Sin embargo, desde el cuerpo deliberativo sostuvieron que las omisiones en el envío de los balances y los inventarios dificultan la función fiscalizadora establecida por la Carta Magna provincial y las leyes de municipios, por lo que solicitaron la intervención directa de los auditores provinciales para determinar eventuales responsabilidades administrativas o patrimoniales.