Fraude fiscal
Denuncian subdeclaración de precios de cigarrillos
El legislador salteño Enrique Cornejo advirtió sobre maniobras de comercialización que reducen la recaudación del Fondo Especial del Tabaco y de la Tesorería nacional, impulsando un sistema de control mediante códigos QR.
El senador provincial por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, lanzó una dura denuncia pública al advertir sobre presuntas maniobras de subdeclaración de precios implementadas por empresas tabacaleras en el país, una práctica que genera una pérdida de ingresos fiscales estimada en US$ 700 millones anuales para el Estado nacional y golpea de manera directa los recursos coparticipables y el financiamiento de las economías regionales.
El planteo, expuesto por el legislador salteño tras una serie de gestiones y reuniones mantenidas en Buenos Aires junto a referentes del sector tabacalero, pone el foco sobre la brecha existente entre los valores oficiales informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los precios reales que los consumidores pagan en los comercios minoristas de todo el país.
Según explicó Cornejo, la preocupación central del sector productivo no pasa actualmente por las demoras en las transferencias de fondos por parte de la Nación, sino por la merma estructural en la base de recaudación. El esquema se sustenta en la comercialización de atados de cigarrillos a precios finales muy superiores a los registrados formalmente ante el organismo fiscal.
Como ejemplo de esta distorsión, el legislador apuntó contra las operaciones de firmas como Tabacalera Sarandí, detallando que existen productos de marcas masivas como Red Point y Kiel cuyos valores declarados ante las autoridades oscilaban entre los $600 y poco más de $1.200 (según listados oficiales de julio de 2026).
Mientras que en las góndolas y kioscos del país esos mismos atados llegan al público a precios que trepan de manera informal hasta $800, $1.000 o cifras considerablemente más elevadas, producto de una elevación informal dentro de la cadena comercial.
Los cálculos económicos presentados por una consultora privada contratada por el sector tabacalero advierten que la magnitud de este desfasaje provoca una sangría colosal.
En este sentido, la pérdida para el Tesoro Nacional, se centra alrededor de $ 700 millones de dolares anuales en concepto de impuestos internos, IVA y otros tributos asociados.
En cuanto la afectación a la ANSES, el Fondo de Asistencia Social dejaría de percibir aproximadamente US$ 70 millones anuales.
Además, el impacto en el Fondo Especial del Tabaco (FET), al estar su recaudación directamente atada al precio de venta y comercialización real de los atados, la subdeclaración licúa los recursos destinados a sostener la producción y a los productores tabacaleros de provincias norteñas como Salta.
Propuesta de control y respuesta oficial
Ante este escenario de evasión encubierta, el sector productivo y legislativo llevó una propuesta concreta ante los funcionarios nacionales para incorporar un código QR en cada paquete de cigarrillos.
La iniciativa busca que el consumidor pueda escanear el pictograma desde su teléfono celular para verificar en tiempo real el precio oficial declarado por el fabricante, transformando al comprador en un fiscalizador involuntario que obligue a transparentar el circuito comercial.
El planteo ya fue formalmente elevado ante las autoridades de ARCA, organismo que comprometió una respuesta institucional, y se complementó con gestiones ante la Secretaría de Agricultura para abordar los atrasos de deuda que distintas empresas mantendrían con el FET.
La problemática, que ya había sido debatida en junio pasado en la Legislatura provincial, vuelve a colocar en el centro de la escena la necesidad de robustecer los mecanismos de control sobre una de las industrias con mayor peso fiscal del país.