Denuncia y censura
Detectaron glifosato en el 86% de los argentinos analizados
El estudio internacional SPRINT analizó a 73 voluntarios argentinos, detectando glifosato y otros plaguicidas en muestras humanas y ambientales. Virginia Aparicio, investigadora del INTA y coordinadora del trabajo enfrenta un pedido de exoneración.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quiere aplicarle a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, la mayor investigadora de agrotóxicos en la entidad, una sanción extrema: exoneración e inhabilitación de por vida, por encabezar un estudio que relevó que el 86% de los argentinos tiene en el cuerpo glifosato, el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en el país.
El proyecto internacional SPRINT había sido aprobado con participación del INTA y fue financiado por la Unión Europea con la finalidad de analizar la presencia de químicos en la salud humana y el entorno. Según los resultados del estudio, el 86,1% de los voluntarios argentinos examinados presentó glifosato en el cuerpo, mientras que el herbicida fue detectado en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas en la provincia de Buenos Aires.
Además, se detectaron de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 plaguicidas en alimentos y un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar. Esos resultados ubican a la Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas presentes en personas y en el medio ambiente.
Tras la difusión de los datos, las autoridades del INTA decidieron suspender la comunicación del informe y retiraron al país de la iniciativa internacional. Además, se avanzó en un sumario y pedido de exoneración a Aparicio que fue ratificado en la última sesión del Consejo Directivo.
Desde el organismo, acusan a la científica de no brindar la información que le pedía la línea jerárquica en lo relativo a los datos personales de los voluntarios asociados a su concentración de plaguicidas. Aparicio sostuvo que esos datos no los facilitó ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad con los muestreados.
Por otro lado, la sanción ha provocado el rechazo categórico de gremios y funcionarios provinciales. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, instó a dar marcha atrás con la medida. "Las autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y denosta la ciencia, quieren exonerarla por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente.", concluyó Vilar.