Investigación judicial
La Justicia ordenó al Gobierno informar sobre los movimientos de Bolsonaro en el país
La jueza María Eugenia Capuchetti requirió a Cancillería, Migraciones y fuerzas de seguridad los registros migratorios y fílmicos para determinar si existieron irregularidades o encubrimiento estatal durante el tránsito del dirigente brasileño.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscal Paloma Ochoa y dispuso una serie de medidas preliminares para investigar si el Poder Ejecutivo Nacional incurrió en presuntas irregularidades vinculadas con el ingreso y posterior salida del territorio argentino del dirigente político brasileño Flávio Bolsonaro.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py a raíz de las denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solanoy el diputado nacional Esteban Paulón, quienes apuntaron contra la presunta responsabilidad de funcionarios nacionales, incluyendo al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El objeto procesal de la pesquisa es determinar si las autoridades argentinas tenían conocimiento previo de las restricciones judiciales impuestas al senador por el Tribunal Supremo Federal de Brasil, quien tenía sus pasaportes retenidos y prohibición de salida del vecino país en el marco de una investigación penal, y si se omitieron controles o se facilitó deliberadamente su traslado hacia Estados Unidos.
Asimismo, en el marco de la investigación preliminar, el juzgado ordenó medidas específicas dirigidas a reconstruir la cronología y los procedimientos aplicados durante el paso del dirigente por el país.
En este sentido se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que precise si recibió alertas, requerimientos formales o comunicaciones diplomáticas por parte de las autoridades de Brasil respecto de la situación procesal de Bolsonaro antes o durante su ingreso a la Argentina.
Además, la Dirección Nacional de Migraciones deberá informar los protocolos aplicados tanto en el ingreso terrestre a través del puente internacional Tancredo Neves como en el egreso posterior, detallando si los sistemas registraban impedimentos legales vigentes al momento de la validación de los documentos, habiendo ingresado con documentación brasileña y utilizado pasaporte italiano para su salida.
También la magistrada requirió formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Policía Federal Argentina (PFA), a Gendarmería Nacional y a Aeropuertos Argentina el resguardo y la remisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, inmediaciones y pista de aterrizaje, abarcando el período comprendido entre el 27 y el 28 de octubre de 2026.
Antecedentes del desplazamiento
De acuerdo con los registros preliminares, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre en compañía de su esposa y sus dos hijas, trasladándose posteriormente en un vuelo privado de la firma Baires Fly que despegó desde la terminal de Puerto Iguazú con escala previa en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su trayecto hacia Miami.
Mientras desde el Gobierno nacional se ratificó la colaboración con la justicia federal y se remarcó que el ingreso se concretó con documentación de viaje habilitada y sin alertas rojas de Interpol ni pedidos de captura internacional vigentes en los sistemas informáticos locales, la apertura de estas diligencias procesales permitirá evaluar la existencia o no de responsabilidades funcionales en torno al episodio.