Incumplimiento familiar
Más de 2.000 deudores alimentarios en Salta y suman 400 nuevos casos
El Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos experimenta un crecimiento sostenido, mientras las bajas mensuales son mínimas. Las sanciones incluyen restricciones en estadios mediante Tribuna Segura y embargos judiciales.
La problemática del incumplimiento en el pago de las obligaciones familiares en la provincia de Salta atraviesa un escenario de fuerte incremento. Según informó la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos ya superó la barrera de las 2.000 personas inscriptas, alcanzando exactamente un total de 2.080 deudores.
Este número contrasta de manera directa con las 1.680 personas que figuraban en la nómina oficial a principios de año, lo que representa un incremento cercano a los 400 nuevos casos acumulados en pocos meses.
A este ritmo acelerado de altas se contrapone un nivel de bajas sumamente escaso, registrándose un promedio de apenas una o dos salidas mensuales, y un máximo de cuatro en determinados períodos. Las bajas de la base de datos solo se producen cuando el beneficiario alcanza la mayoría de edad, cuando las partes llegan a un nuevo acuerdo homologado, o bien cuando se cancelan de forma total las deudas que originaron la inscripción inicial.
Asimismo, las autoridades judiciales recordaron que la inscripción en el Registro no constituye la primera instancia de reclamo, sino que actúa como una herramienta a la que se arriba tras agotar diversas etapas procesales que incluyen mediaciones, conciliaciones, intimaciones, apercivimientos y medidas judiciales previas.
En cuanto a la filosofía de la herramienta legal creada por la Ley 7411, Ferri subrayó que "no es castigar a la persona sino disuadirla", buscando que el obligado asuma su responsabilidad económica y procure una solución para garantizar los recursos de quienes dependen de la cuota.
Cómo se determinan las cuotas alimentarias
El establecimiento de un monto alimentario responde a un análisis pormenorizado de las necesidades de quien debe recibirlos y de las posibilidades reales de pago del obligado. Entre los principales parámetros evaluados por los magistrados se encuentran:
Necesidades básicas y específicas: Edades, alimentación, vestimenta, vivienda, salud y posibles situaciones de discapacidad.
Nivel de vida: El estándar socioeconómico que disfrutaba el grupo familiar durante la convivencia previa.
Destinatarios: Si se trata de bebés, niños, adolescentes o personas mayores de edad que continúan estudios terciarios, universitarios o superiores.
Asimismo, en términos generales, cuando se trata de uno o dos hijos, los porcentajes definidos suelen oscilar entre el 20%, 25% y el 30% de los ingresos. Para familias con más de dos hijos, las cifras pueden elevarse hasta el 30%, 40% o 50%, aunque no existen valores automáticos y las partes pueden convenir montos fijos.
Además, uno de los mayores obstáculos en los estrados judiciales surge cuando el deudor se desempeña en la economía informal, dificultando la trazabilidad de sus ingresos y la aplicación directa de embargos. En dichos escenarios, la inscripción en el Registro adquiere un peso estratégico fundamental.
Asimismo, aunque suelen proponerse pagos en especie (cobertura de cuotas escolares, vestimenta, actividades deportivas o mercadería), la Justicia evalúa estos aportes de manera restrictiva para evitar que sean utilizados como mecanismos para evadir la cuota principal.
Restricciones vigentes y "Tribuna Segura"
Estar incluido en la nómina de morosos acarrea severas limitaciones legales y cotidianas dispuestas por los jueces para forzar el cumplimiento. Entre las medidas más destacadas figuran:
Restricción en estadios: La prohibición de ingresar a partidos de fútbol mediante los controles biométricos del programa nacional Tribuna Segura, un mecanismo que se encuentra plenamente operativo en Salta desde hace más de un año gracias a convenios de cooperación entre el Poder Judicial provincial y los organismos de seguridad de la Nación.
Medidas económicas y patrimoniales: Traba de embargos sobre billeteras virtuales, prohibición para emitir escrituras públicas o registrar derechos reales, y la inhabilitación para salir del país en determinados expedientes.
Si bien el fuero de familia prioriza la solidaridad familiar y los acuerdos consensuados mediante la mediación, la experiencia tribunalicia demuestra que un pacto inicial no siempre garantiza el cumplimiento sostenido en el tiempo. De hecho, se han documentado casos en los que personas dadas de baja reingresan al sistema por nuevos incumplimientos motivados por pérdida de empleo, alteración de la capacidad económica o conflictos personales entre los adultos.
Desde la Justicia advierten que esta morosidad persistente genera una profunda revictimización sobre los sectores vulnerables, niños y adolescentes, quienes sufren tanto el impacto emocional de la ruptura familiar como el perjuicio económico derivado de la falta de aportes alimentarios.