El Concejo frena la auditoría a las cuentas de la Municipalidad de Embarcación

Existe malestar generalizado en la localidad de Embarcación luego de que el Concejo Deliberante rechazara la solicitud para avanzar con una auditoría sobre la administración de los recursos públicos de la Municipalidad.

La iniciativa, que buscaba revisar el manejo de las cuentas comunales, no consiguió los apoyos necesarios tras una votación dividida que dejó al descubierto fuertes rispideces políticas.

Durante la sesión, los ediles Ramiro Morales, Santos Cornejo y Martín Córdoba votaron de manera afirmativa para aprobar la revisión. En la vereda opuesta, los concejales Carlos Melián, Carlos Bohuid, Érica García y Belén Yesbara se encargaron de rechazar la propuesta. Por su parte, Marianela Rodríguez y Luciano Caballero optaron por la abstención, cerrando el recuento con cuatro votos negativos, tres positivos y dos abstenciones.

De esta manera, la decisión institucional impidió avanzar con el control solicitado, generando inmediatos cuestionamientos entre los sectores que impulsaban la medida de transparencia.

Cabe aclarar que desde el cuerpo legislativo venían denunciando que el intendente Carlos Funes y sus secretarios eludían sistemáticamente dar explicaciones ante el Concejo.

Además, el detonante principal fue la presentación por parte del Ejecutivo municipal de un proyecto de presupuesto anual cuando los fondos ya se encontraban devengados o gastados en un porcentaje cercano al 70%.

Desde la oposición calificaron esto como una irregularidad grave, ya que imposibilita la planificación legislativa y consuma gastos sin el debate previo del cuerpo deliberativo.

Los concejales opositores denunciaron que el intendente Funes eludió reiteradamente presentarse ante el recinto. De acuerdo con los ediles, el jefe comunal fue convocado en al menos cuatro oportunidades para dar explicaciones sobre el manejo de las cuentas y jamás asistió, ni envió a sus secretarios.

Lejos de acudir al diálogo, el Ejecutivo respondió con intimaciones formales hacia los concejales que impulsaban los pedidos de informes.

Cabe destacar que el clima político ya venía sumamente tenso desde meses anteriores, cuando se abrió una comisión investigadora a raíz de declaraciones del propio Funes, quien reconoció la existencia de empleados que cobraban sin trabajar dentro de la estructura municipal, lo que incrementó las sospechas sobre el manejo discrecional de la masa salarial y el presupuesto comunal.

El desenlace no solo evitó la fiscalización de los fondos públicos, sino que también dejó planteado un intenso debate sobre el destino de los recursos y la necesidad de contar con mecanismos de control más rígidos dentro del municipio. Por el momento, la auditoría quedó descartada a partir de esta vía, mientras continúa la discusión política en la región.