La Justicia confirmó el cierre de la causa por el crédito de Macri con el FMI
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el archivo de la causa que investigaba el préstamo de 57.100 millones de dólares acordado con el FMI en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, al descartar la existencia de delitos y considerar que las irregularidades administrativas denunciadas no configuran una maniobra delictiva.
La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el archivo de la causa que investigaba las condiciones en las que el gobierno de Mauricio Macri acordó en 2018 un préstamo de $57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión fue adoptada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes rechazaron el recurso presentado por el fiscal Franco Picardi contra el cierre dispuesto previamente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
El expediente judicial alcanzaba al expresidente Mauricio Macri y al entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. También incluía a Luis Caputo, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Finanzas, y a Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central, ambos integrantes actuales del gabinete del presidente Javier Milei.
La fiscalía había cuestionado diversas cuestiones administrativas y legales vinculadas con la operación, entre ellas la falta de intervención del Congreso Nacional, la ausencia de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la falta de participación del entonces jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda en lugar del Ministerio de Finanzas, la ausencia del dictamen del Banco Central previsto por la Ley 24.156 y la apertura de expedientes administrativos posteriores a la firma.
Asimismo, la acusación se había apoyado en un informe de la SIGEN que estimó en $29.618 millones el perjuicio patrimonial para el Estado.
Sin embargo, la Cámara descartó la existencia de delitos. Los camaristas señalaron que las observaciones administrativas no alcanzaban para demostrar una maniobra delictiva ni un abuso de autoridad, ya que este delito exige un dolo específico y un ejercicio arbitrario de la función que no se pudo comprobar, teniendo en cuenta además el contexto de “urgencia financiera” en el que se gestionó el préstamo inicial de $50.000millones,posteriormente ampliado a $57.100 millones de dólares.
En la misma línea, el tribunal sostuvo que el perjuicio patrimonial estimado por la SIGEN no bastaba por sí solo para configurar una administración fraudulenta, remarcando que el Poder Judicial no está llamado a evaluar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno, tal como se indicó en el antecedente “Dólar Futuro”.
Asimismo, con respecto a la supuesta malversación de caudales públicos, los jueces explicaron que las Cartas de Intención y los Memorandos firmados con el FMI son documentos técnicos que instrumentan compromisos multilaterales y no leyes internas, por lo que su incumplimiento no encuadra en dicha figura penal.
Después de más de cinco años de investigación y de incorporar informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, la Cámara entendió que la fiscalía tampoco pudo precisar qué nuevas pruebas podrían modificar las conclusiones alcanzadas, por lo que confirmó el archivo de la causa. Pese a esta resolución, Mauricio Macri continúa afrontando otras investigaciones judiciales, como la relacionada con el Correo Argentino.