Nafta y Gasoil
Biocombustibles: El impacto económico del proyecto que impulsa Royon
La iniciativa que encabeza la senadora nacional por Salta busca reformar el marco regulatorio del sector. El proyecto eleva los cortes obligatorios de mezcla y plantea un nuevo esquema de transición que genera tensiones en el mercado.

El debate legislativo en torno a los biocombustibles ganó un nuevo impulso en el Senado de la Nación con el tratamiento de un proyecto unificado que reúne siete propuestas de distintos bloques políticos.
La iniciativa, seguida de cerca por las provincias productoras del norte del país como Salta, Jujuy y Tucumán debido al profundo impacto de la actividad en sus economías regionales, es impulsada desde la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles por la senadora nacional Flavia Royon.
El nuevo marco regulatorio apunta a brindar mayor previsibilidad a las inversiones, potenciar la demanda de bioetanol y biodiésel, y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
De este modo, Royón sostuvo que el nuevo esquema puede significar una oportunidad para las provincias productoras, al impulsar mayor demanda de bioetanol y biodiésel, fortalecer las economías regionales y reducir la dependencia de combustibles importados.
La propuesta también apunta a diversificar la matriz energética mediante la incorporación de nuevos vectores, como el biometano, el bioGNC, el bioGNL y el combustible sostenible de aviación (SAF), alineándose con tendencias internacionales en materia de descarbonización del transporte.
En términos regulatorios, el proyecto prevé la creación de un sistema de comercialización mediante una plataforma electrónica que asegure transparencia, libre concurrencia y formación competitiva de precios. A su vez, establece mecanismos para evitar la concentración del mercado, incluyendo un cupo mínimo del 30% del biodiesel destinado al corte obligatorio para empresas no integradas.
Otro aspecto relevante que dió la senadora es el impulso a los combustibles gaseosos renovables. La iniciativa promueve el desarrollo del biogás y el biometano, con la posibilidad de su inyección en redes de gas natural y su uso en transporte pesado, uno de los segmentos más difíciles de descarbonizar.
En el caso del bioetanol, la norma propone elevar la mezcla en las naftas del actual 12% al 15% de manera progresiva, manteniendo una distribución equitativa de seis puntos porcentuales para el combustible elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz, mientras que el porcentaje restante hasta completar el 15% quedará abierto a otras materias primas.
Por su parte, para el biodiésel en el gasoil, el proyecto fija un incremento gradual que elevará la mezcla del actual 7,5% al 10% a los doce meses de sancionada la ley, reemplazando los cupos discrecionales por licitaciones públicas para otorgar mayor transparencia y competencia al sector.
En sus fundamentos, Royón señala que la Argentina cuenta con ventajas competitivas en el sector, como disponibilidad de biomasa y desarrollo agroindustrial, pero ha perdido posiciones frente a países como Brasil o Indonesia, que avanzaron con mayores niveles de mezcla obligatoria.
Además, advierte que el país aún importa volúmenes significativos de gasoil pese a tener capacidad instalada para producir biodiesel, lo que impacta en la balanza energética. En ese sentido, el fortalecimiento del mercado interno de biocombustibles aparece como una herramienta para sustituir importaciones y reducir la salida de divisas.
Impacto económico
El rol de los biocombustibles en la economía argentina incide de manera directa en la protección de las reservas internacionales frente a los baches estacionales de importación de refinados.
El Bioetanol es el corte vigente al 12% ha reportado un ahorro estructural superior a los USD 600 millones anuales, evitando además que las refinerías gasten en aditivos químicos costosos (como el Tolueno o el MTBE) para elevar el octanaje.
En cambio el biodiésel, Argentina exporta aceite de soja, destinar parte de este recurso al mercado interno evita la salida violenta de divisas para importar barcos enteros de gasoil pesado en épocas pico de cosecha, amortiguando la escasez y aprovechando la capacidad ociosa superior al 70% en las plantas procesadoras.
Además,en este sentido, tras intensas negociaciones para acercar posiciones, se acordó elevar del 3% al 4% la participación del mercado que se mantendrá reservada exclusivamente para las empresas no integradas hasta enero de 2036, fecha en la que concluye el período de transición previsto.
En ese sentido, destacó la necesidad de contar con “una nueva ley para que el desarrollo no tenga limitantes”, y enumeró entre sus principales beneficios una mayor previsibilidad para invertir, el cuidado y la creación de empleo, una mirada regional, el impulso a combustibles más limpios y una mejora en la competitividad.
En este sentido, el artículo 7° del Código Civil y Comercial de la Nación establece que las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes desde su entrada en vigencia, consagrando como regla general que no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario, con la limitación fundamental de que dicha retroactividad legal no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales.