Debate parlamentario
Avanza un nuevo marco regulatorio para el sector de biocombustibles en el país
De acuerdo a la ley N° 27.640 y el proyecto presentado por Flavia Royon, se realizarón las modificaciones del documento que busca desregular el mercado, actualizar los porcentajes de corte obligatorio de gasoil y nafta, y fomentar la transición energética federal.
El Congreso de la Nación debate un ambicioso proyecto de ley impulsado de manera conjunta a través de diversos expedientes legislativos que propone establecer un marco regulatorio unificado para la industria de los biocombustibles en todo el territorio nacional, con una vigencia proyectada de quince años.
La iniciativa, que cuenta con dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, busca derogar la actual Ley 27.640 para dar paso a un mercado más dinámico, eficiente, competitivo y desregulado.
La propuesta legislativa declara de interés público todas las actividades vinculadas a la elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles. Entre sus propósitos fundamentales se destacan la protección de los derechos económicos de los consumidores, el impulso a la seguridad energética, la transición hacia energías limpias y el estímulo a la inversión privada.
Como autoridad de aplicación se ratifica a la Secretaría de Energía de la Nación, organismo encargado de fiscalizar la calidad de los productos, velar por la seguridad de las instalaciones y aplicar sanciones ante incumplimientos.
Asimismo, la normativa incorpora definiciones amplias sobre los biocombustibles, contemplando no sólo los derivados tradicionales de origen agropecuario e industrial, sino también combustibles sintéticos basados en agua y dióxido de carbono impulsados por energías renovables, además de contemplar futuros desarrollos tecnológicos.
Modificaciones en los porcentajes
Uno de los ejes centrales de la reforma radica en la actualización de los cortes obligatorios de biocombustibles en los combustibles fósiles comercializados en el mercado interno.
Unos de los puntos de cambio es en el Gasoil que se fija un corte obligatorio inicial de biodiesel del 7,5%, el cual se elevará al 10% a partir de los doce meses de sancionada la ley. El texto prevé exclusiones específicas para sectores como la minería, embarcaciones fluviales y marítimas, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas.
Además se centraron en el corte obligatorio de bioetanol, la nafta se establece en un 12% inicial, incrementándose al 15% transcurridos doce meses desde la aprobación. Se estipula que un 6% corresponderá obligatoriamente a producción de caña de azúcar y otro 6% a maíz, mientras que el porcentaje restante quedará abierto a otras materias primas.
Comercialización transparente
Para garantizar la transparencia y la libre competencia, el proyecto dispone la implementación de un sistema de subastas a través de un Mercado Electrónico único operado por una entidad independiente. Paralelamente, se contemplan contratos a término de libre negociación entre elaboradores y mezcladores, y se fijan precios de referencia basados en la paridad de importación.
En lo referente al mercado de biodiesel, se establece un Período de Transición que regirá hasta el 1 de enero de 2036. Durante esta etapa se definen criterios estrictos para segmentar a las empresas entre integradas y no integradas en función de su capacidad de producción y su vinculación con complejos agroindustriales de aceites y harinas, estableciendo esquemas de asignación de cupos decrecientes para el sector no integrado y fomentando la creación de regiones geográficas de negociación orientadas a optimizar la eficiencia logística.
Finalmente, el régimen tributario confirma que los biocombustibles aprobados quedarán exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2), recayendo los gravámenes únicamente sobre el componente fósil de las mezclas, lo que afianza los incentivos económicos para el crecimiento sostenido de toda la cadena de valor.