Contrabando aéreo
Condena a 10 años para pilotos bolivianos por contrabando de cocaína en Salta
La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado tras un siniestro aéreo ocurrido en noviembre de 2025. El cargamento, valuado en millones de dosis, fue hallado parcialmente en la cabina y el resto enterrado en las inmediaciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta condenó a la pena de 10 años de prisión al piloto Juan Pablo Quinteros Peredo y al copiloto Henry Álvaro Mercado Cuajera, de nacionalidad boliviana, por su responsabilidad penal en el traslado clandestino de un cargamento estupefaciente.
La sentencia, dictada por la jueza Gabriela Catalano en el marco de un acuerdo pleno impulsado por el fiscal general Eduardo Vallejo y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, los declaró coautores de contrabando de importación de estupefacientes destinados a la comercialización, contemplando los agravantes por la intervención de tres o más personas y el empleo de transporte aéreo por rutas no autorizadas con aterrizaje clandestino.
El fallo dictaminó además una inhabilitación por cinco años para ejercer el comercio y por el doble de tiempo de la condena para desempeñar cargos públicos, ordenando el decomiso definitivo de la aeronave siniestrada. Esto carecía de números de serie visibles en el fuselaje y el motor, para ser cedida con fines didácticos a la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°3.144 “Capitán Marcelo Lotufo”.
Dinámica del siniestro aéreo y hallazgo de la carga
El hecho se registró el 4 de noviembre de 2025, cuando una avioneta con matrícula boliviana CP-3167 despegó desde el aeropuerto Germán Quiroga Guardia, ubicado en la localidad de San Borja, Bolivia. Tras realizar una escala técnica en la provincia de Wernes, la aeronave ingresó al espacio aéreo argentino con destino final en la finca “El Cóndor o Laguna Negra”, situada a la vera de la ruta provincial N°3, en proximidades del puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo.
Al intentar descender en una pista no autorizada, los tripulantes perdieron el control del aparato y se estrellaron contra una cortina de arbustos espinosos conocidos como churquis. En la maniobra, la avioneta colisionó contra un automóvil Volkswagen Gol Trend perteneciente a un cómplice local, identificado como Julián Darío Mansilla, el cual terminó incinerado y debió ser rescatado por sus compañeros antes de que el fuego lo consumiera por completo.
Cuando los efectivos de Gendarmería Nacional arribaron al lugar, hallaron la aeronave incrustada en la vegetación y cubierta de barro.
Asimismo, en la cabina, los uniformados detectaron rastros hemáticos y tres bolsas de arpillera con 136 kilos de cocaína fraccionados en 42 paquetes marcados con la inscripción “Prada Milano”, además de botellas de gaseosa de origen boliviano, una antena satelital y bidones destinados al reabastecimiento de combustible.
Además, en un operativo posterior impulsado por la PROCUNAR NOA y desarrollado junto a la Policía de Salta y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se detuvo a Mansilla, a Jonathan Alejandro Gómez (interceptado en una camioneta Chevrolet S10) y a Jorge Alberto Cuellar (capturado en el paraje Antillas), logrando desenterrar otras cinco bolsas con 228 kilos adicionales de clorhidrato de cocaína en un predio cercano. El pesaje total de la droga incautada ascendió a 364 kilos, con un nivel de pureza del 74%, estimada en una capacidad de producción cercana a los 2 millones y medio de dosis.
Detención de los imputados y argumentos judiciales
Sin embargo los pilotos fueron aprehendidos en la tarde del 5 de noviembre de 2025 en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, luego de que un comerciante local alertara a las fuerzas sobre la presencia de dos ciudadanos con tonada extranjera que presentaban lesiones cortantes en los brazos e intentaban cambiar dólares por moneda nacional.
Durante la audiencia de homologación del acuerdo pleno, los condenados argumentaron haber obrado bajo un estado de necesidad motivado por la crisis socioeconómica de su país de origen, planteo que fue desestimado por la magistrada.
Al fundamentar la sentencia, la jueza Gabriela Catalano remarcó la gravedad y magnitud de la maniobra delictiva, señalando que la magnitud del cargamento representaba un peligro directo para la salud pública y evidenciaba un claro afán de lucro por parte de los acusados.