Imputabilidad
Justicia bonaerense frena la baja de la edad de imputabilidad por 60 días
La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dispuso la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires.
La medida fue adoptada al hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, ante la constatación de que el Estado provincial carece de la infraestructura y los recursos necesarios para absorber el ingreso de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.
La resolución judicial se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa. Al fundamentar su decisión, la magistrada advirtió sobre el colapso de los dispositivos de encierro y sostuvo que el Poder Judicial "no puede esperar a que la violación de derechos se produzca". En declaraciones radiales, Pascual se definió como "garantista de la ley" y calificó de "pésimo" que los menores permanezcan enrejados sin contención adecuada.
“No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, señaló Marta Pascual.
Además advirtió que un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo pueden mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delitos.
Por otro lado, la senadora Patricia Bullrich cuestionó duramente el fallo a través de sus redes sociales, acusando a la justicia provincial de "dejar libres a los chicos para que sigan robando".
Por su parte, el abogado penalista Fernando Soto cuestionó los fundamentos de la medida al señalar que la ley contempla múltiples medidas alternativas a la privación de la libertad, como el monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento y tratamientos de reinserción.
También recordó que las jurisdicciones contaban con un plazo previo de seis meses para adecuar sus estructuras.
Para destrabar el conflicto institucional, el tribunal fijó una audiencia formal para el próximo 16 de septiembre, convocando a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial de las áreas de Justicia, Seguridad y Niñez para definir plazos y garantías concretas en la implementación del régimen.