Reclaman presupuesto ante Nación para sostener la asistencia de emergencia en violencia de género
La discusión por la continuidad de la emergencia y el sostenimiento de los programas estatales está fuertemente atravesada por una compleja coyuntura presupuestaria. Según se planteó en el Senado, la Nación no está enviando fondos para sostener estas políticas de protección ante el incremento de los casos por violencia de género familiar.
La provincia busca garantizar la continuidad de los dispositivos de asistencia de la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, mediante recursos propios ante la ausencia del estado nacional.
Con la prórroga de la ley, propuesta por los senadores busca que el Poder Ejecutivo disponga y reasigne las partidas presupuestarias necesarias para mantener operativos los programas esenciales, considerando que la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad y las subsecretarías de atención de violencias deben mantener una presencia activa para igualar oportunidades ante el cese del auxilio federal.
Uno de los puntos de mayor preocupación manifestados por los legisladores, como la senadora Navarro y el senador Pailler, radica en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el interior provincial por la falta de los fondos.
Actualmente, menos del 50% de los municipios salteños mantiene áreas específicas de género, ya que en numerosas comunas estas estructuras funcionales fueron absorbidas y diluidas por las secretarías de Acción Social, dejando a las mujeres desprovistas de oficinas locales de contención.
Ante este escenario de desprotección, se planteó formalmente la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral, cuyo objetivo es designar referentes territoriales que guíen y orienten a las víctimas durante todo el complejo proceso judicial y sanitario, evitando que la asistencia estatal se limite exclusivamente a la denuncia inicial y abandone a la persona damnificada en el posterior seguimiento.
En este sentido, los legisladores evaluaron el impacto de las políticas públicas y el estado de situación en los distintos departamentos de la provincia. Para intentar mitigar este cuadro en el territorio, buscan sostener el programa de descentralización asistencial “Aquí para vos”, una línea telefónica gratuita de contención activa (disponible de 8 a 20 horas), el dispositivo de acompañamiento psicológico “Caminando juntas”, y talleres de sensibilización jurídica sobre violencia económica enfocados especialmente en la cuota alimentaria. A ello se suma la iniciativa “Tejiendo redes”, destinada a capacitar a operadoras sociocomunitarias para detectar tempranamente riesgos en los barrios y municipios.
Además, en el plano preventivo y formativo, analizaron los avances logrados durante 2026. En este sentido, 640 personas fueron certificadas en el marco de la Ley Micaela, y se anunció la incorporación de un agente de inteligencia artificial para optimizar y dinamizar los procesos de formación. También profundizaron de manera prioritaria la capacitación de las fuerzas policiales, articulando mejoras con el área de Seguridad y el Sistema de Emergencias 911, propuesta impulsada por el senador Gonzalo Guaymas, para que los operadores logren identificar con rapidez las llamadas de auxilio y las deriven de forma directa y prioritaria a las dependencias especializadas.
Por otro lado, se destacó la labor del área de Diversidad, el Programa de Intervención para Varones (PRIHO), los trayectos de perspectiva de género dictados en concejos deliberantes y en la Liga Salteña de Fútbol, así como la continuidad de iniciativas de inserción sociolaboral como Constructoras+.
El Senado se encamina al tratamiento en el recinto de una norma de vital trascendencia para la provincia, que faculta al Poder Ejecutivo a asignar los recursos necesarios para mantener activas las líneas de atención y los programas interdisciplinarios de contención y protección a las víctimas en todo el territorio salteño.