Institucional y Justicia
Asumió María Edith Rodríguez como nueva fiscal ante la Corte Nº 2 de Salta
El procurador general Pedro García Castiella le tomó juramento en una ceremonia presidida junto al gobernador Gustavo Sáenz. Con esta designación, el máximo tribunal provincial completa la integración de ambas fiscalías.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, en representación del Colegio de Gobierno del Ministerio Público Fiscal, tomó formal juramento a **María Edith Rodríguez **como nueva fiscal ante la Corte Nº 2.
La ceremonia institucional se llevó a cabo el pasado 30 de octubre de 2026 y contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, magistrados, integrantes del Ministerio Público Fiscal y familiares de la funcionaria.
La designación de la magistrada se formalizó originalmente a través del Decreto Provincial Nº 635/26 del 7 de octubre de 2026, publicado en el Boletín Oficial Nº 22284 el 8 de octubre, tras haber obtenido el acuerdo constitucional del Senado provincial durante la sesión especial celebrada el 1 de octubre.
Asimismo, durante el acto protocolar, Castiella dio la bienvenida a la flamante fiscal y destacó su extensa trayectoria profesional, la cual abarca sus inicios en el ejercicio liberal de la abogacía, su paso como jueza de Garantías y su posterior desempeño como magistrada del Tribunal de Juicio.
Además, el Procurador valoró especialmente la ecuanimidad, el esfuerzo, el equilibrio y el irrestricto respeto por las garantías constitucionales exhibidos por Rodríguez a lo largo de su carrera judicial.
A su vez, la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal remarcó que, con la asunción de María Edith Rodríguez, quedan formalmente integradas las dos Fiscalías ante la Corte de Justicia de Salta, completando la conformación junto al fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester.
De este modo, ambas dependencias asumirán la responsabilidad fundamental de representar, defender y promover ante el máximo tribunal provincial el interés público protegido por ley, el interés social y los derechos de los ciudadanos, consolidando de esta manera el fortalecimiento operativo e institucional del sistema de justicia en la provincia.