Impulso Verde
El senado aprobó el proyecto del nuevo régimen del biocombustibles
La Cámara alta debatió el dictamen unificado para potenciar las economías regionales, elevar los cortes obligatorios de naftas y gasoil, y transicionar hacia un mercado competitivo y transparente.
El Senado de la Nación llevó adelante una sesión este jueves para debatir el proyecto de ley de Inocencia Fiscal y una profunda reforma en el sector de los biocombustibles, en el marco de un encuentro donde gobernadores del norte argentino se reunieron con legisladores regionales para coordinar la agenda legislativa. Tras el debate, el proyecto del nuevo régimen de biocombustibles se aprobó en el Senado con 41 votos afirmativos, 25 negativos y 0 abstenciones.
Como miembro informante de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, presentó el dictamen que unifica siete proyectos presentados por diversos bloques y provincias.
Durante su exposición, la autora de la iniciativa destacó que la normativa busca trascender una modificación puntual para establecer un régimen integral con una vigencia proyectada de 15 años.
"Esta iniciativa procura dar un paso para el futuro energético, productivo y federal de nuestro país. El objetivo es agregar valor en el interior de nuestro país, potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior", indicó Royon.
Asimismo, el proyecto legislativo estructurado por la senadora plantea un cambio de paradigma al pasar de un esquema altamente regulado, donde el Estado fijaba cupos y precios de forma discrecional, hacia un modelo de mayor competencia y transparencia respaldado por un mercado electrónico único.
En el caso del biodiésel, el porcentaje se incrementará del 7,5% al 10% a los 12 meses de sancionada la ley; por su parte, el bioetanol pasará del 12% al 15% en el mismo plazo.
Además, para el bioetanol se preservará una participación obligatoria del 6% proveniente de la caña de azúcar y un 6% del maíz, mientras que el 3% restante quedará abierto a otras materias primas y biocombustibles de segunda generación.
En este sentido, la normativa incorpora definiciones amplias que incluyen al biogás, biometano, diésel renovable y combustibles sostenibles de aviación (SAF), habilitando además la inyección de biometano en gasoductos y el desarrollo de vehículos con tecnología Flex-Fuel.
Los biocombustibles aprobados mantendrán la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, recayendo los gravámenes únicamente sobre el componente fósil de las mezclas.
Hacia un modelo competitivo y federal
Profundizando en los detalles técnicos y los fundamentos del proyecto, Royón enfatizó que el nuevo marco normativo busca dotar de previsibilidad a las 53 plantas distribuidas en diez provincias, protegiendo las capacidades productivas existentes mediante un período de transición para el sector del biodiésel que se extenderá hasta el año 2036.
"Este dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías", explicó.
Asimismo, la autora del proyecto detalló que se apunta a "pasar de un esquema mucho más regulado donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema de más mercado, porque levanta los cortes, y a un esquema más competitivo, donde sea el mercado y la competitividad la que fije los precios".
Hacia el cierre de su intervención, la senadora sintetizó el impacto federal y económico de la medida.
"Construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que preserva las inversiones existentes, pero que genera condiciones para nuevas inversiones que con el régimen actual se encuentran encorsetadas y que no tienen previsibilidad, que fortalece las economías regionales y que habilita el agregado de valor de los granos en origen", informó.
Finalmente, la normativa habilita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a promover regímenes propios para incentivar mezclas superiores de manera voluntaria, consolidando una herramienta clave para la soberanía energética y el desarrollo federal del país.
"En definitiva, el texto que vamos a poner a consideración intenta construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que preserva las inversiones existentes pero que genera condiciones para nuevas inversiones que, con el régimen actual, se encuentran encorsetadas", concluyó Flavia.