Modificaciones al marco normativo
En el Senado se tratará la reforma a la Ley de Salud Mental
La iniciativa en tratamiento en la Cámara alta reestructura los procedimientos de evaluación interdisciplinaria, fija plazos máximos para las internaciones prolongadas y ratifica la prohibición de crear nuevos manicomios en el país.
El Senado de la Nación lleva a cabo este jueves el debate parlamentario sobre el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental N° 26.657.
El texto en tratamiento en el recinto llega respaldado por un dictamen de mayoría impulsado por legisladores del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el bloque Provincias Unidas, con disidencias parciales centradas en la previsión de partidas presupuestarias y la suficiencia de fondos para las provincias, mientras que el bloque Convicción Federal presentó un despacho propio para su discusión en el plenario.
La iniciativa introduce modificaciones sustanciales respecto del texto original del Poder Ejecutivo, reincorporando garantías asistenciales y estableciendo mecanismos específicos de supervisión judicial y administrativa para la atención de pacientes con padecimientos mentales y consumos problemáticos.
Procedimientos de internación y plazos judiciales
El articulado bajo análisis regula de manera estricta los protocolos aplicables a las internaciones de carácter voluntario, involuntario y judicial, fijando pautas temporales y de intervención profesional.
En este sentido, el proyecto detalla que toda internación provisoria o de urgencia deberá ser evaluada en un plazo máximo de 48 horas por dos profesionales, un médico psiquiatra y un psicólogo, ajenos a vínculos familiares o comerciales con el paciente. En caso de disidencias entre los facultativos, se requerirá un tercer dictamen técnico.
Además, las internaciones deberán ser notificadas al juez competente en un plazo no mayor a 24 horas. El magistrado dispondrá de un término de 48 horas para ordenar la medida, solicitar ampliación de informes o decretar la externación inmediata (Art. 27). Asimismo, se designará un defensor especial para representar los intereses de la persona internada (Art. 32).
También se estipula que aquellas internaciones que superen los 180 días de manera continua o acumulada en un período de dos años serán consideradas de carácter prolongado, situación que activará la intervención de oficio del órgano de control y la inscripción en un registro específico. Además, adicionalmente, el Órgano de Revisión designará de manera independiente a un médico psiquiatra y a un psicólogo ajenos al establecimiento para auditar a los pacientes que permanezcan internados por más de tres meses (Art. 34).
Profesionales habilitados, adicciones y reestructuración del sistema
Entre las modificaciones incorporadas al régimen de atención, la normativa establece que la indicación de ingreso estará a cargo de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, incorporando una segunda firma de profesionales de la psicología para intervenir en las evaluaciones y en los procesos de alta médica.
Asimismo, el proyecto contempla ejes estructurales, donde se incluye formalmente a las adicciones, con especial mención a la ludopatía y al consumo abusivo de sustancias, dentro del campo de abordaje de las políticas públicas de salud mental.
Otro punto son las prohibiciones absoluta de crear manicomios o realizar prácticas manicomiales, priorizando los tratamientos ambulatorios y comunitarios, y se habilita el uso de la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica.
También se ratifica a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como autoridad de control (Art. 41) y se dispone la realización de un Censo Nacional en todos los centros de salud públicos y privados del país dentro de los 180 días de sancionada la ley para relevar la situación de las personas internadas (Art. 38), destinando los recursos liberados a la creación de casas de medio camino, hospitales de día y dispositivos comunitarios (Art. 40).
El desenlace de la iniciativa quedará sellado en el transcurso de la sesión ordinaria de este jueves, instancia en la cual el cuerpo legislativo definirá la aprobación o el rechazo de las modificaciones propuestas al marco regulatorio.