Informe Sanitario
En Salta se registró 13 procedimientos de interrupción por embarazo
Un informe basado en registros del Ministerio de Salud y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres detalla el impacto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia, revelando más de 20.000 abortos.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.610 en enero de 2021, que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la República Argentina, la provincia de Salta acumuló más de 20.000 procedimientos sanitarios en el sector público a lo largo de cuatro años.
Los datos oficiales aportados por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, en consonancia con las mediciones del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Amnistía Internacional y el Proyecto Mirar, reflejan un promedio sostenido de aproximadamente 13,6 IVE diarias.
La normativa vigente estipula que la IVE puede practicarse hasta la semana 14 de gestación inclusive, basándose estrictamente en la voluntad de la persona gestante y mediante consentimiento informado.
Paralelamente, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) corresponde a partir de la semana 15 cuando concurren causales específicas contempladas por el marco legal argentino, tales como situaciones derivadas de violaciones o la existencia de un riesgo documentado para la vida o la salud integral de la persona gestante.
Asimismo, los registros oficiales contabilizaron alrededor de 1,3 procedimientos diarios, acumulando 2.443 casos en el periodo analizado.
Además, durante el año 2023 se registraron 5.180 prácticas, el nivel más alto desde la sanción de la ley, las cifras experimentaron una contracción del 17% durante 2024, periodo en el cual el OVcM reportó 4.371 IVE, incluyendo 382 ILE.
Hacia los años 2025 y 2026, si bien los reportes ejecutivos periódicos a nivel federal sufrieron interrupciones en su publicación oficial, la provincia consolidó una media general que ronda de manera estable los 13 abortos diarios en establecimientos sanitarios públicos, evidenciando la demanda sostenida de los servicios de salud reproductiva.
No obstante la dimensión cuantitativa de las prestaciones, uno de los aspectos que genera mayor preocupación entre los organismos defensores de derechos humanos es la franja etaria más vulnerable. Durante 2024, el relevamiento oficial documentó que 83 interrupciones voluntarias y 19 interrupciones legales se practicaron en niñas de entre 10 y 15 años de edad.
Desde el Observatorio y organizaciones sociales advierten que detrás de estas estadísticas se encubren situaciones complejas de abusos intrafamiliares, violencias y vulneración sistemática de derechos, lo que subraya la urgencia de robustecer las políticas públicas de prevención, educación sexual integral y protección activa en toda la región del norte argentino.