Escándalo Yrigoyen: Concejales avanzan hacia un juicio político contra la intendenta por desmanejos millonarios

La crisis institucional en el municipio de Hipólito Yrigoyen escaló a niveles inéditos luego de que el Concejo Deliberante decidiera insistir con la aprobación de una ordenanza clave para regular los mecanismos de control, interpelación y juicio político, la cual había sido previamente vetada por la jefa comunal, Soledad Cabrera.

En este sentido el Concejal**Gabriel Hoyos **detalló a Muteado las graves irregularidades administrativas y financieras que motivaron al cuerpo legislativo a impulsar estas herramientas legales para frenar lo que califican como un manejo discrecional y autoritario de los fondos públicos.

Durante los últimos meses, la gestión de Cabrera ha sido puesta bajo la lupa debido a un presunto faltante millonario detectado tras un análisis de las cuentas y la ejecución presupuestaria.

El edil remarcó que la ordenanza no busca desestabilizar a la administración actual, sino garantizar la transparencia institucional.

"La ordenanza no va contra una gestión actual, sino que trata de que todo sea transparente, porque ese es el objetivo de la misma ordenanza: buscar una transparencia que en muchas gestiones, no solamente en esta, no la hubo", señaló Hoyos, quien además cuestionó la falta de arraigo y diálogo de la jefa comunal.

"Se maneja como si fuera una estancia el pueblo. El pueblo, al parecer para ella es así, parece una estancia donde el patrón del campo viene a ver los animalitos del ganado y los criados", detalló.

Entre los puntos más alarmantes se encuentra la falta de ejecución de fondos destinados a obras públicas esenciales que figuran administrativamente como terminadas pero que en la realidad no existen o se encuentran totalmente paralizadas, a pesar de haberse aprobado presupuestos superiores a los 800 millones de pesos destinados a este sector.

Además, un claro ejemplo es la partida de 180 millones de pesos asignada para el cordón cuneta en las 62 Hectáreas, una obra completamente "fantasma" que no se refleja en el territorio.

Asimismo, el conflicto se profundizó con la fallida obra de la bomba de agua en el mismo barrio, una infraestructura largamente esperada que afectaba a media localidad debido a la pésima calidad del servicio. Pese a las inauguraciones oficiales y las fotos difundidas por la comuna, la empresa contratista abandonó repentinamente el lugar dejando zanjas abiertas de casi un kilómetro y medio que inundaban los domicilios particulares, sin que los vecinos obtuvieran respuestas sobre el destino de los recursos.

A esto se suman las recurrentes denuncias sobre la falta de rendición de gastos en eventos masivos como el "Festi-Yrigoyen", donde los informes presentados por el Ejecutivo se caracterizaron por ser vagos y carecer de documentación respaldatoria. El concejal también cuestionó el fuerte desequilibrio presupuestario en materia publicitaria, señalando que mientras las necesidades básicas del municipio quedan desatendidas, la gestión destina más de 33 millones de pesos en propaganda a favor de un único medio de comunicación local que se encarga de atacar sistemáticamente a los ediles.

Ante la ausencia absoluta de la intendenta en el territorio, a quien acusan de permanecer la mayor parte del tiempo fuera del municipio y de negarse a responder los pedidos de informes formales, los ediles optaron por diseñar un marco normativo sólido respaldado por la Carta Orgánica.

Desde el cuerpo legislativo aclararon que la normativa aprobada por insistencia con cinco votos respeta estrictamente el principio de presunción de inocencia y contempla un proceso riguroso.

Sin embargo, el procedimiento prevé plazos de investigación de hasta cuatro meses, recopilación de pruebas, citaciones formales y un plazo administrativo pendiente de 15 días hábiles para su vigencia legal, sentando un precedente histórico de control para esta y futuras administraciones.