Jueza se arrepiente de dar 25 años de prisión a un joven por violación

La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que recientemente suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, normativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, volvió a generar controversia al trascender declaraciones que realizó en 2023 sobre una dura condena que firmó en el pasado.

Durante una charla brindada en la Universidad Nacional de Lanús, la magistrada recordó la situación de un expediente y explicó que en 2009 integró el tribunal que condenó a 25 años de prisión a un adolescente por abusar sexualmente de su propia hija recién nacida, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

“Un chico abusó y violó a su hijita hasta que se murió. Ustedes no saben lo que era el cuerpo de esa chica, ver las pericias era indignante, lo que hizo el papá menor de edad con esa bebé. La médica del hospital Meléndez que la atendió dijo que en todos sus años de pediatra no había visto nada tan terrible como esto. Es un chico de acá de Brown de donde yo vivo, no es un chico pobre y un chico que tuvo necesidades, que tuvo problemas. Lo mejor que le podía haber pasado a esa nena es morirse por lo que había pasado”, indicó Pascual.

Pese a la gravedad extrema del caso y a que la sentencia fue ratificada en sucesivas instancias por tribunales superiores, Pascual reconoció abiertamente que hoy no volvería a dictar una resolución de esa magnitud.

“Le dimos 25 años, una pena altísima, demasiado alta. Yo hoy no se lo daría, es un joven que está a disposición de Alejandro que ayer lo llamó y ha pasado por todas las unidades carcelarias. Y yo pensé que la pena había sido muy alta y mi pena la revisa otros tribunal superior, la casación otro más y yo dije bueno con tantas revisiones me van a decir Marta se te fue la mano”, resaltó.

Sin embargo, todos los tribunales intervinientes confirmaron la pena impuesta originalmente. Además, la magistrada fundamentó su postura actual en su concepción sobre el encarcelamiento de menores de edad y el rol de las alternativas judiciales, aclarando que su criterio no busca minimizar la gravedad de los delitos cometidos.

“En ese momento yo era la presidenta del tribunal, hay que bajar esa pena. Todos nos firmaron, yo creo que está mal que no se pueden dar a los jóvenes aún ante el delito más aberrante esa pena pero les quiero decir que fue un un tema terrible de la provincia de Buenos Aires. Yo doy las penas más livianas porque ya les dije antes no creo que el encierro los vaya a cambiar y doy muchas alternativas”, sostuvo la magistrada.

Estas declaraciones cobraron renovada relevancia pública en el escenario político y judicial actual a raíz de la medida cautelar dictada por la propia Pascual, quien frenó temporalmente en territorio bonaerense la aplicación de la Ley 27.801.

Mientras sectores del ámbito legal debaten los alcances de la baja en la imputabilidad y las condiciones estructurales de los institutos de alojamiento para adolescentes en conflicto con la ley, el posicionamiento de la jueza reabrió la polémica respecto a los criterios de punibilidad y los límites de las penas en la justicia juvenil argentina.