Corrupción
Condenan a policía por maniobras ilícitas con autos secuestrados
Un efectivo que prestaba servicios en el Depósito de Secuestros Judiciales recibió una pena condicional e inhabilitación perpetua tras comprobarse su participación en estafas, falsificación de documentos y cobros irregulares vinculados a vehículos retenidos por causas penales.
Una compleja investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal de Salta culminó con una sentencia condenatoria en el marco de un juicio abreviado por maniobras de corrupción que involucraron la comercialización fraudulenta, la adulteración registral y la obtención de créditos prendarios sobre vehículos que se encontraban secuestrados bajo custodia judicial.
La resolución fue dictada por la jueza Claudia Puerta, quien homologó el acuerdo alcanzado por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
La causa tuvo en el centro de las responsabilidades a César Daniel Fernández, un efectivo de la Policía de la Provincia que cumplía funciones como verificador en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial.
Ademças, el magistrado le impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de $1.296.000, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.
A Fernández se lo encontró culpable de los delitos de falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función pública (dos hechos), en concurso ideal y en calidad de partícipe necesario de estafa (dos hechos), sumados a concusión en 36 hechos bajo la modalidad de concurso real.
En la misma causa fueron juzgados y condenados Ángel Emanuel Franco y Mariela del Valle Herrera a la pena de un año de prisión en suspenso y reglas de conducta, tras ser hallados responsables de hechos de estafa y uso de instrumento público falso. Asimismo, la Justicia dispuso la anulación de la inscripción registral de un automóvil Ford Focus y del Formulario 08 vinculado a una camioneta Toyota Hilux.
El origen de la causa y el rol de los vehículos secuestrados
El hilo conductor de la investigación se destapó cuando la UDEC detectó un automóvil Ford Focus, que permanecía formalmente secuestrado y alojado físicamente en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial desde marzo de 2022.
Asimismo, esto ocurrio en el marco de la causa por la megacausa de la falsa financiera Ríos & Asociados, figuraba con un cambio de titularidad realizado en abril de 2024 sin la autorización ni del fiscal ni del juez interviniente. No conforme con ello, sobre el rodado se había constituido fraudulentamente una prenda por más de $11 millones.
Mediante tareas de inteligencia y análisis a cargo de la Unidad de Investigación de la UDEC y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se determinó que el agente Fernández había firmado un Formulario 12 falso que certificaba una supuesta verificación técnica del Ford Focus, documento habilitante que permitió consumar la transferencia registral y el posterior préstamo bancario.
Sin embargo, la trama delictiva salpicó también a Franco, quien operaba como nexo operativo entre los distintos partícipes, y a Herrera, una gestora que se encargó de realizar averiguaciones de dominio en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y mantuvo un constante intercambio comunicacional con Franco durante las fechas de las tramitaciones ilegales.
Hallazgos y ramificaciones: la Toyota Hilux y cobros paralelos
Los allanamientos ordenados por la fiscalía permitieron desentramar otra operación idéntica. En el domicilio de Franco se incautó documentación vinculada a una Toyota Hilux, vehículo que también había sido incautado en marzo de 2022 por la misma causa de la financiera y derivado al Área de Movilidad del Poder Judicial.
Entre los papeles secuestrados había un nuevo Formulario 12 rubricado por Fernández, un Formulario 08 apócrifo que simulaba una compraventa por $13 millones y papeles de un crédito prendario.
El titular original de la camioneta declaró ante la UDEC que jamás había vendido el rodado, el cual había entregado años antes a la financiera como parte de una inversión particular.
La investigación patrimonial y documental profundizó sobre el desempeño de Fernández como verificador policial. Durante el registro de su vivienda, los investigadores secuestraron 500 formularios de verificación vehicular en blanco.
El análisis pormenorizado de esos documentos y las testimoniales recabadas permitieron comprobar otros 36 hechos de concusión, en los cuales el policía realizó verificaciones cobrando sumas de dinero en efectivo por fuera de los canales legales, fondos que jamás fueron rendidos ni ingresados al Fondo Único Policial, consolidando un esquema de corrupción sistemática dentro de las dependencias de resguardo judicial.