Orán y Bolivia
Red narco y complicidad: Expulsan a penitenciaria salteña
El Gobierno provincial formalizó la baja definitiva de una agente vinculada a una organización criminal que operaba entre Orán y Cuyo, desbaratada por la Justicia Federal.
La investigación que en enero de 2025 desmanteló una organización criminal dedicada al transporte de grandes cargamentos de droga desde el norte salteño hacia la región de Cuyo volvió a cobrar relevancia institucional tras la decisión del Gobierno de Salta de concretar la baja definitiva de una de las agentes implicadas.
La medida punitiva recayó sobre Sandra Mariela Florentín, quien se desempeñaba en la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán y fue formalmente expulsada del Servicio Penitenciario a través de la Resolución Delegada 745 D del Ministerio de Gobierno y Justicia, publicada en el Boletín Oficial.
El caso expone el trasfondo de una compleja red narcocriminal que utilizaba la experiencia de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad para blindar sus operaciones.
La causa penal, tramitada ante el Juzgado Federal de Garantías N° 1 de Salta a cargo del juez Julio Bavio, imputó originalmente a ocho personas por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. En ese expediente, Florentín fue señalada como partícipe secundaria, al igual que otros involucrados que contaban con antecedentes dentro de las fuerzas.
De acuerdo con la investigación federal, la organización operaba desde hacía aproximadamente tres meses estructurando una ruta fija que comenzaba en la ciudad de Orán, zona de acopio de estupefacientes presuntamente ingresados desde Bolivia, y tenía como destino final la provincia de Mendoza.
Asimismo, la logística del traslado se destacaba por el uso de convoyes compuestos por dos o tres vehículos, donde un automóvil transportaba la carga ilícita mientras los restantes actuaban como unidades punteras o de apoyo para alertar sobre controles camineros y la presencia de fuerzas de seguridad.
Uno de los aspectos más resonantes del expediente fue la participación de exintegrantes de fuerzas federales y provinciales en puestos clave de la cadena delictiva.
Además, al frente de la presunta estructura se encontraba Miguel Ángel Torres, un excomandante mayor de Gendarmería Nacional señalado como el principal coordinador de las maniobras, quien operaba junto a su hijo, Miguel Emanuel Torres Ibba. En ese mismo entramado criminal quedaron vinculados la penitenciaria Florentín y Daniel Antonio Olivera Serrano, un exmiembro de la misma fuerza de seguridad provincial que ya se encontraba dado de baja al momento de los hechos.
Operativos y secuestros
El operativo que permitió desbaratar la operatoria y concretar las detenciones derivó en el secuestro de más de 34 kilos de cocaína y casi un kilo de éxtasis, además de armamento, dinero en efectivo y los vehículos utilizados en los traslados, uno de los cuales fue interceptado en territorio mendocino durante un procedimiento clave de la pesquisa.
En paralelo a la instrucción que lleva adelante la Justicia Federal para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los coautores y partícipes, el Servicio Penitenciario de Salta instruyó un sumario administrativo interno mediante la Disposición 089/25.
Dicho expediente determinó que la agente permanecía en situación pasiva desde el 15 de enero de 2025, concluyendo con la recomendación de aplicar un riguroso correctivo disciplinario que derivó en la actual separación definitiva del cargo, marcando una distinción clara entre la sanción administrativa provincial y el proceso judicial federal en curso.