Sea Lion
La justicia federal frenó el proyecto petrolero en Malvinas
Un fallo federal en Tierra del Fuego interrumpe las operaciones de empresas extranjeras en el archipiélago y bloquea su ingeniería financiera.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar de manera formal el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, tras hacer lugar a una medida cautelar impulsada por un excombatiente de la guerra del Atlántico Sur.
La decisión, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, recae directamente sobre las firmas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, prohibiéndoles iniciar o continuar cualquier tipo de obra en la zona en disputa.
Además, la resolución judicial interrumpe un conjunto de operaciones clave para el desarrollo del emprendimiento valuado en cientos de millones de dólares, abarcando desde las perforaciones exploratorias e instalaciones submarinas hasta los preparativos destinados al arranque de la extracción comercial de hidrocarburos.
Esta intervención se enmarca en las acciones impulsadas en el plano legal frente a la actividad inconsulta de corporaciones extranjeras en territorio soberano argentino.
Asimismo, más allá de paralizar las tareas físicas en el archipiélago, el fallo de la magistrada apunta a asfixiar el circuito económico que sostiene el emprendimiento.
De este modo, se prohíbe a las compañías involucradas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos, realizar transferencias, concretar aportes de capital o emitir préstamos entre sociedades vinculadas. La restricción también veda la constitución de garantías y cualquier afectación de activos orientada a mantener operativa la iniciativa.
Sin embargo, el tribunal impuso a las empresas la obligación de presentar un informe detallado sobre su estructura societaria, individualizando a todas las entidades directas e indirectas asociadas al proyecto.
La medida exige transparentar la red de respaldo al requerir la nómina de fondos de inversión, entidades financieras, aseguradoras y reaseguradoras vinculadas, además de la entrega de los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.
Requerimientos a organismos nacionales
En paralelo, la jueza Borruto cursó pedidos formales a diferentes áreas del Estado nacional para esclarecer la legalidad administrativa de las operaciones. A la Cancillería se le otorgó un plazo perentorio de diez días para informar si las empresas cuentan con habilitación o permiso de alguna autoridad competente argentina para explorar y explotar hidrocarburos en las Malvinas y su plataforma continental circundante.
Por su parte, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete, deberá certificar si existen registros, avisos de proyecto, procedimientos de evaluación iniciados o declaraciones de impacto ambiental aprobadas para Sea Lion.
Con esta resolución, que llega en una etapa avanzada de planificación por parte de las petroleras, la causa judicial pone en jaque los plazos internacionales previstos por las firmas extranjeras y refuerza el control jurisdiccional sobre los recursos soberanos.